La evaluación magisterial como estrategia electoral del Gobierno de la República
El asunto de la evaluación magisterial se convirtió en las últimas semanas en un interesante indicador de cómo se maneja el poder político desde un gobierno, en este caso el Gobierno de la República; la evaluación de los maestros es un elemento fundamental de la reforma educativa, ya que incide directamente en la preparación profesional de los maestros, quienes trabajan en la formación de las niñas y de los niños de México.
De entrada es importante acotar el asunto de la evaluación: la transformación del sistema educativo descansa, principalmente, en los maestros, por lo que su mejora profesional continua es indispensable. La oposición de un sector del magisterio a la implementación de la evaluación radica, como ya desde la etapa del proceso legislativo constitucional se señaló, en la inseguridad que genera dicha evaluación en la permanencia del maestro en su puesto de trabajo. Es el motivo por el que los profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han calificado a la reforma constitucional de la educación, como reforma laboral de la educación.
El punto de dificultad, entonces, es que, si bien la reforma ha sido aceptada por la mayoría de los maestros y de los sectores de la sociedad, los gobiernos federal y de los estados donde laboran los maestros disidentes, no han logrado convencer a éstos de las bondades de la evaluación y de la permanencia. Es en este punto donde también se advierten otros intereses, tal vez de los líderes y también de algunos actores políticos partidistas. En este contexto, por lo tanto, el panorama educativo es claro: nadie duda de la necesidad de la evaluación magisterial y de llevar adelante sus programas respectivos.
La pregunta es, ¿por qué, de manera inesperada, el Gobierno de la República, pasando por encima de las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, notifica la suspensión indefinida de la evaluación magisterial?
Agreguemos ahora el elemento del escenario electoral: como lo señaló el consejero presidente del INE, las elecciones fueron tomadas como rehén de demandas sociales, como fue el rechazo a la evaluación magisterial. Los maestros disidentes consideraron el boicot a las elecciones como oportunidad de lucha contra la reforma educativa, siendo éste un motivo de preocupación para el Gobierno de la República, ya que la no realización de votaciones en algunos estados de la república –o todavía peor, con acciones de violencia-, contribuiría con mucho a la ya de por sí deteriorada imagen del actual gobierno.
¿Cómo se podría evitar tanto el bloqueo de los maestros disidentes a la realización de elecciones, como el que se dieran actos de violencia? La SEP toma ventaja y anuncia el día 30 de mayo una decisión temeraria: la suspensión indefinida de la evaluación magisterial. Las reacciones de extrañeza de la sociedad, y del mismo INEE que acusó la violación de su autonomía y del marco legal de la reforma educativa, ya las conocemos.
Ahora viene la secuencia del manejo del poder político que hizo el Gobierno del Presidente Enrique Peña: el motivo que dio la SEP para la suspensión indefinida de la evaluación magisterial fue que encontraron ‘nuevos elementos’ que deben ser considerados en el proceso (Información tomada de las ediciones de La Jornada de esos días).
Otros motivos para justificar la decisión de suspender la evaluación, fueron añadidos al día siguiente de las elecciones –que dieron un respaldo a esta forma de hacer gobierno del PRI, con la conservación, prácticamente, del mismo número de diputados federales de la alianza PRI-PVEM-; los nuevos motivos fueron dados a conocer por el Secretario de Educación Pública el lunes 8 de junio: uno de índole técnico, por no contar en los estados con los lugares en los que se aplicaría la prueba, ni con computadoras e internet, y, el segundo, la necesaria prudencia y discreción por los tiempos políticos, para no vulnerar el proceso de la elección.
Aquí encontramos, por lo tanto, el fondo de la decisión de la suspensión indefinida de la evaluación magisterial, no obstante que el Secretario de Gobernación se esforzó en señalar que tal decisión no tuvo nada que ver con las elecciones, y menos todavía, fue un punto revisado durante las mesas de negociación que la dependencia sostuvo con los dirigentes de la Coordinadora.
Considero que el cuadro de manipulación que realizó el Gobierno de la República en esta ocasión, se enriquece notablemente con dos mensajes, debido a la sorprendente contundencia de las contradicciones implicadas: uno del mismo Presidente Peña, y el otro, nuevamente del Secretario de Educación Pública.
El Presidente Peña dice: “Que no haya confusiones: las reformas estructurales son mandato de ley, están inscritas en la Constitución y en las leyes secundarias; el gobierno sólo tiene una obligación que es cumplirlas, llevarlas a cabo, para que beneficien a todos los mexicanos. Que no quepan confusiones: no está en la decisión del gobierno si van o no van, o si se llevan a cabo o no. Por eso, en este aspecto quiero ser muy claro: los procesos de evaluación docente siguen adelante; ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. Sobre estas reformas hay que ser muy claro: aquí no cabe la discrecionalidad, la actitud de un gobierno que pueda decir si van o no van. Que no haya confusiones: las reformas estructurales alcanzadas son mandato de ley”. El segundo mensaje, del Secretario de Educación Pública, es que la evaluación de docentes se hará, y que quien piense lo contrario ‘ofende al Presidente Enrique Peña’.
Aquí tenemos, por lo tanto, un indicador de cómo está siendo gobernada la sociedad mexicana por el actual Gobierno de la República; es el sistema PRI que recurre a cualquier cosa, por encima de la misma congruencia y respeto a la legalidad, con tal de inhibir cualquier tipo de protesta que pueda manchar la imagen institucional. Muchos electores lo respaldan.
De Política una Opinión: Abelardo Reyes